Nadie espera encontrar restos cerámicos o huesos humanos al iniciar un proyecto inmobiliario. Pero ocurre. Y si se hacen las cosas bien, este imponderable no es sinónimo de atrasos ni malos ratos.
Las torres de San Borja, el nuevo hospital militar, y la plaza Egaña tienen algo en común: en todas estas obras se encontraron restos arqueológicos durante su construcción. Según Daniel Pavlovic, miembro del área de arqueología del Consejo de Monumentos Nacionales, las comunas con más hallazgos en la capital son las que bordean al Mapocho, como La Dehesa y Vitacura. “También está el entorno al cerro Santa Lucía y por el eje norte de la Alameda, hasta Matucana”, agrega el experto.
En esos lugares es más común encontrarse con alguna sorpresa, pero en cualquier parte puede haber algo. En lo que va corrido del año, a lo largo de Chile ha habido seis casos donde se han hecho actividades, pero la autoridad advierte que podrían ser varios más.
Lo cierto es que muchas veces las personas no se dan cuenta de que hay elementos arqueológicos en las construcciones.
En ocasiones, los restos de cerámica pasan inadvertidos entre la tierra y las rocas, y los huesos pequeños de animales se confunden con astillas. Por lo mismo, las tumbas son lo más común de tipificar; eso no pasa inadvertido.
Para evitar encontrarse con cualquiera de estas sorpresas durante la excavación, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) se transforma en una tremenda ayuda. En él, el Consejo de Monumentos Nacionales es parte del comité evaluador, por lo que los desarrollos pasan por su cedazo. “En los proyectos que creemos que puede haber algo pedimos caracterizaciones del área, antes de que inicien las obras (...) pedimos cosas cuando tenemos argumentos”, comenta el arqueólogo del organismo.
Al Seia se someten todos los proyectos con 80 unidades o más y, tratándose de viviendas sociales, el número aumenta a 160. Acá da lo mismo si la obra en cuestión está ideada en una zona ya construida o en un sitio eriazo. “En el centro hemos pedido que hagan calicatas (pozos de sondeo) porque antes la gente no construía subterráneos, y los sitios arqueológicos están debajo”, explica Pavlovic.
Y ha habido resultados con este tipo de requerimientos. En Valdivia, por ejemplo, el Consejo de Monumentos Nacionales pidió un informe arqueológico para el proyecto Barrio Santa Elena, que contempla 10 hectáreas. El experto aclara que la medida no fue casualidad: “hace cinco años un arqueólogo había identificado un sitio muy cerca, y era una zona ideal para el asentamiento, al lado de un estero”. Efectivamente, había seis sitios de interés arqueológico, viviendas del período alfarero tardío post-hispano e histórico temprano.
Angelo Jimenez, jefe de proyectos de Socovesa en Valdivia, cuenta que los trámites para validar todas las medidas de mitigación en Santa Elena duraron 6 meses, y aún existen monitoreos cuando se ejecutan excavaciones asociadas a las obras. En total, la empresa tuvo que desembolsar UF 1.500, considerando todos los servicios arqueología, antropología, geomensura y seguimientos.
En ese sentido, la ley de Monumentos Nacionales es clara: el propietario es quien debe conservar el monumento debidamente, y correr con los gastos. Eso sí, Daniel Pavlovic señala que cuando se trata de proyectos sociales, la institución hace todo lo posible para que los trabajos no signifiquen la paralización de la obra. “Cuando está claro que no tienen plata, tratamos de conseguir que se hagan de todas formas las actividades, por ejemplo, pedimos a la empresa que se ponga con la comida, que nos ayuden con obreros, o que ojalá nos consigan alojamiento”.
El mito del ‘cacho'
Si sale caro encontrar un huesito antes de construir, el tema se pone más complicado cuando la inmobiliaria ya está ‘con las manos en la masa', en plena excavación. A juicio de Pavlovic, es más común este escenario, por lo que no se cansa de repetir lo mismo: “si encuentran algo, por favor avísennos”. Y es que se puede estar perdiendo una información muy valiosa. “Pueden haber tumbas muy relevantes, cosas que nadie haya encontrado nunca, hallazgos que pueden cambiar la historia de Chile”, advierte el arqueólogo.
Sin embargo —aunque no hay registros al respecto— hay un porcentaje de proyectos que prefieren ‘ahorrarse el cacho' y ocultar cualquier hallazgo. La desinformación sobre este tema llega a tanto, que incluso algunos callan por temor a que se expropie el terreno. Algo que para el arqueólogo resulta risible: “circula el rumor de que el Estado expropia donde hay sitios arqueológicos. Si fuera así, tendríamos que expropiar la mitad de Chile”.
Angelo Jimenez, de Socovesa, reconoce que hay desinformación en el mercado: “muchos desconocemos toda la estructura de leyes que existe asociada a esto y sus posibles soluciones eficientes para no alterar el curso normal de la obra”.
Es un tema del que vale la pena instruirse, porque la ley de Monumentos establece que quien cause daño a un monumento nacional (*), o afecte en cualquier modo su integridad, será sancionado con pena de presidio menor en sus grados medio a máximo —es decir, desde 541 días hasta 5 años — y una multa de 50 a 200 UTM (de 1.850.000 pesos en adelante). En todo caso, Pavlovic aclara que muy rara vez se llega a sancionar el asunto: “se habla con el titular y se dice: ‘para la otra tratemos de no hacerlo así'”.
La idea del consejo es hacer lo más fácil posible el proceso de rescate. En ese sentido, se busca no retrasar la construcción y alterar lo menos posible los trabajos si es que ya están en marcha. Muchas veces se cerca el área donde se encontraron los restos y ni siquiera es necesario detener toda la obra. “El proyecto puede seguir desarrollándose, y lo que se le pide al titular es que si aparecen más cosas siga avisando, para que se hagan los rescates acotadamente”, explica Pavlovic.
Para los precavidos, antes de que comiencen los trabajos, también se entregan facilidades. Si la inmobiliaria sabe que va a someterse a un Seia y quiere apurar los tiempos, los estudios pueden realizarse por un arqueólogo independiente, y el consejo sólo valida la información y los pasos a seguir. Incluso, el organismo puede autorizar que se hagan los sondeos antes de que el desarrollo ingrese al sistema.
Eso sí, no hay que ‘arrancarse con los tarros' porque la ley de Monumentos Nacionales establece que es el consejo quien determina las normas a las que deben sujetarse las obras. Muchas veces, por ejemplo, el organismo determina que los elementos arqueológicos no se toquen. En el proyecto Barrio Santa Elena, por ejemplo, se decidió que el sitio más grande quedara bajo tierra, pero sin construcciones sobre él.
“Si es necesario se pueden rescatar y trasladar las cosas, pero lo ideal es que se queden ahí, y que la empresa considere esas zonas como áreas verdes (como ocurrió en Santa Elena). Que queden in situ es mejor, porque en el traslado muchos elementos se destruyen”, señala el representante del Consejo de Monumentos Nacionales.
Acá se presenta otro problema: a nadie le gusta tener cadáveres en su patio. Por lo mismo, muchos ocultan este tema por miedo a una mala publicidad. No fue el caso de Santa Elena, donde los sitios eran de viviendas. Es más, usaron este descubrimiento a su favor. “Sacamos provecho de este asunto por su valor histórico. A todos les atrae la idea de que en este terreno existieron asentamientos nómades. Claramente es una ubicación privilegiada desde siempre”, señala Angelo Jimenez.
Hoy, los restos están expuestos en el museo histórico y antropológico del Maurice Van de Maele, en Valdivia. Todo un logro para la comunidad, porque se encontraron alrededor de 1.500 piezas de cerámica, con colores y tallados, algunos elementos como clavos, y un botón que aún está en análisis de data. En definitiva, ganan todos cuando hay hallazgos; el mismo proyecto y toda la ciudad de Valdivia.
